22 de junio de 2018

¡EXIGIMOS JUSTICIA PARA CLAUDIA PATRICIA GÓMEZ GONZÁLES DE LA NACIÓN MAYA MAM

Ha pasado un mes desde el asesinato de nuestra hermana Claudia Patricia Gómez González, mujer Maya Mam. El 23 de mayo en Río Bravo, Texas, un agente de la Patrulla Fronteriza le disparó a Claudia Patricia en la cabeza y la mató, tenía solo 20 años. Su asesinato ocurrió poco después de la implementación de la odiosa política de "tolerancia cero", que viola los derechos humanos fundamentales de los infantes, los niño/as y los jóvenes. Seguimos esperando una respuesta para la familia de Claudia Patricia tanto como el público contra su asesinato y buscamos justicia por su muerte.

FIRME AQUÍ

21 de junio de 2018

DECLARACIÓN DE KIND: ORDEN EJECUTIVA DE TRUMP = DETENCIÓN INDEFINIDA DE NIÑAS Y NIÑOS MIGRANTES EN CONDICIONES SIMILARES AL ENCARCELAMIENTO

(Traducción libre)

Declaración de Wendy Young, Presidenta de KIND:

La Orden Ejecutiva del Presidente Trump le permitirá a los Estados Unidos mantener a las niñas y niños migrantes, en condiciones similares al encarcelamiento, por un período de tiempo indefinido. Deja la política de “Cero Tolerancia” intacta teniendo como resultado que los padres seguirán siendo enjuiciados como criminales en la frontera y podrían eliminar los estándares que orientan al Departamento de Seguridad Interna (Departament Homeland Security) para la custodia de niñez migrante. No es ninguna solución -simplemente cambia una política aborrecible por otra. 

También deniega el acseso a audiencias justas dado que acelera las audiencias de inmigración, inclusive antes de aquellas de quienes han cometido crímenes en los Estados Unidos. 

Ignora una solución real -como mantener a familias juntas colocándolas en alternativas comunitarias de base las que se han comprobado que son efectivas- casi el 100% de las familias en estos programas alternativos se presentan en las audiencias de inmigración. Estos programas son menos costosos -dólares por día versus cientos de dólares por día. 

Además, por primera vez introduce un rol militar en una base formal para la detención de migrantes, militarizando aún más nuestro sistema de inmigración. 

Finalmente la Órden Ejecutiva no hace nada para abordar las causas de raíz de la migración de estas familias – la violencia perversa de pandillas y narcotraficantes que amenazan a las familias y particularmente a las niñas y niños de manera cotidiana. La administración Trump eliminó el programa para menores centroamericanos, que era la única manera en que las y los niños centroamericanos en peligro podían aplicar para protección en los Estados Unidos desde su país de origen. 

No podemos ser una nación que encarcela a niños y niñas migrantes y arroja la llave. Decir que la orden ejecutiva termina con la separación familiar es una tergiversación cínica que no tiene nada que ver con el bienestar de las familias y es otro acto de despreciable crueldad hacia las y los niños migrantes. 

Para preguntas contactar a Megan McKenna, Directora de Comunicaciones. Tel: (202) 631-9990, mmckenna@supportkind.org

COMUNICADO DE VARIAS ORGANIZACIONES SOBRE LA POLÍTICA DE CERO TOLERANCIA A LA SEPARACIÓN FAMILIAR EN LA FRONTERA

Al gobierno de Estados Unidos: 
A los gobiernos de México, Guatemala, El Salvador y Honduras: 
A los Órganos de Protección de los Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas y el Organización de Estados Americanos: 

A la opinión pública en general: 

A partir de mayo del 2018 la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha adoptado nuevas medidas en su “Política de Cero Tolerancia” hacia los solicitantes de asilo provenientes de México y Centroamérica que huyen de la violencia y el crimen organizado. Estados Unidos es el único país del mundo que no ha ratificado la convención de los Derechos del Niño, ni reconoce el Comité de Derechos del Niño, el cual nada le puede exigir y ahora con el anuncio de su salida del Comité de Derechos Humanos de la ONU, nos da muestra de cómo descalifica con sus actos a los organismos internacionales que históricamente se habían ganado el reconocimiento de los Estados adheridos para dirimir los asuntos de garantía de derechos. ​La respuesta de la Sociedad Civil es una política de CERO Tolerancia hacia las políticas de miedo que buscan disuadir la migración mediante prácticas violatorias de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA).


DEMANDAMOS LA PROTECCION INTERNACIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS MIGRANTES


Versión Español

A pesar de que el 20 de junio, el presidente Donald Trump de los Estados Unidos se vio obligado a emitir una órden que supuestamente revertiría la política de separar a los niños migrantes de sus familias, las organizaciones de Guatemala y el Continente abajo firmantes denunciamos que:

La nueva órden ejecutiva del presidente Trump se presentó al público como una solución para la separación familiar, pero en realidad, la órden no abandona la política de "Cero Tolerancia" que es responsable de la mayoría de las separaciones familiares, mientras que afirma falsamente que las protecciones legales para niños, como la Declaración Flores sobre Migración, son las culpables de la política de separación familiar. Hasta que la administración abandone la política de "Cero Tolerancia" y la detención de hijos, hijas y sus familias, y reúna a las familias que ya han sido separadas por esta política, sus acciones continuarán violando las leyes internacionales y de los EE. UU. que protegen los derechos humanos.

Asímismo es de destacar que otras iniciativas de las administración Trump también separan a las familias, como la eliminación de DACA, la finalización de TPS para salvadoreños, hondureños y nicaragüenses, y otras.

Una vez más, se sigue intentando disuadir la migración irregular a través de la violencia, el uso de tratos crueles e inhumanos, en vez de abordar las causas de raíz que la provocan.

Como consecuencia de la aplicación de esta política, se estima que hay más de 2,000 niños y niñas centroamericanos capturados por la Patrulla Fronteriza y separados de sus familiares,  provocando una nueva crisis humanitaria.   La mayoría de estos niños y niñas migrantes son guatemaltecos, principalmente indígenas Mayas.

Las autoridades encargadas de aplicar esta política, particularmente los agentes de la Patrulla Fronteriza, han cumplido estas disposiciones con prepotencia e inclusive violencia hacia las personas migrantes.  Son múltiples las denuncias de la violencia empleada, inclusive de abusos sexuales contra adultos, niños y niñas.

Fueron también agentes de la Patrulla Fronteriza los que el 23 de mayo pasado asesinaron a la joven Maya Mam, Claudia Patricia Gómez González, en Laredo, Texas.

La separación de niños y niñas migrantes de sus familiares es violatoria de los derechos humanos de las niñas y los niños y de las leyes internacionales y estadounidenses. En la práctica, se constituye en tortura, trato cruel, inhumano y degradante.

Nos preocupan las declaraciones y actuaciones en el tema de la niñez migrante de Jefferson Sessions, fiscal general, y Kirstjen Nielsen, Secretaria de Homeland Security, por su divorcio de las normas de derechos humanos universalmente reconocidas y aceptadas, y de Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante la ONU, tratando de defender lo indefendible.

Aunado a esta gravísima situación, vemos  con suma preocupación la decisión del gobierno de los  Estados Unidos de abandonar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en una flagrante violación a sus obligaciones y compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

El gobierno de Guatemala, una vez más ha demostrado su ineptitud, irresponsabilidad y falta de acciones efectivas, pese a que  su obligación es proteger los derechos y defender los intereses de sus connacionales donde se encuentren.  En un primer momento tuvo una postura  cómplice con  esta política criminalizadora de las y los migrantes, incluyendo a los niños y niñas. Ha sido la presión de muchos y muchas lo que les ha obligado a retractarse de esta posición complaciente.

Las organizaciones que suscribimos este pronunciamiento reiteramos que existe el derecho a migrar y el derecho a no migrar, y que las personas merecen el respeto a sus derechos independientemente de la condición en que se encuentren.

Por lo anterior demandamos:

AL GOBIERNO DE GUATEMALA

1.    Una acción consular  firme en defensa efectiva de los derechos de las y los guatemaltecos migrantes, se encuentren donde se encuentren, y en este caso, una defensa efectiva de la unidad familiar en la frontera de los Estados Unidos y la inmediata protección especial para las y los niños migrantes, haciendo valer el principio universal del Interés Superior del Niño y la Niña.

2.    Que dé seguimiento al caso del asesinato de Claudia Patricia Gómez González y demande justicia al Gobierno de Estados Unidos de América. 


3.    La destitución inmediata de la Canciller Sandra Jovel por su ineptitud y falta de defensa de las y los guatemaltecos migrantes, lo cual es su obligación desde el cargo que ostenta.
Además que se siga investigando su involucramiento en la adopción irregular de niños y niñas y si fuera el caso, proceder a su enjuiciamiento.

AL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS

4.    Asegurar que la orden presidencial se revise y se amplíe para abandonar realmente la política de "Cero Tolerancia", la detención de niños y niñas y familias, y para garantizar la reunificación de los niños y niñas y los padres y madres que ya han sido separados.

5.    Que cualquier política migratoria que implemente,  garantice el respeto de los derechos humanos y el principio universal del interés superior del niño y la niña.

6.    Que apoye de manera efectiva para que en los países de la Región se superen las causas que están provocando la migración, en vez de criminalizar y perseguir a las personas que se ven obligadas a migrar.

7.    Que se investigue y se haga justicia en el caso del asesinato de Claudia Patricia Gómez González y se castigue a quienes corresponda por este flagrante crimen. 


20 de junio, 2018
Día Internacional del Refugiado y la Refugiada


Grupo Articulador de Sociedad Civil en Materia Migratoria
·      American Friends Service Committee, Oficina Regional para America Latina y El Caribe
·      Asociación La Alianza
·      Asociación Lambda
·      Asociación Pop No’j
·      Consejeria CAMEX Oxlajuj Ix
·      Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial –ECAP-
·      Fundación Para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
·      Instituto de Estudios Sociales y Desarrollo -INCEDES-
·      Instituto de Investigaciones Históricas, Antrpológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia de la USAC -IIHAA-
·      Instituto de Investigación y Proyección Sobre Dinámicas Globales y Territoriales, Universidad Rafael Lándivar
·      Instituto de Protección Social -IPS-
·      Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala -MENAMIG-
·      Misioneros Scalabrinianos



Mesa Transfronteriza de Migración y Género
·      Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud -ACCSS-
·      Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (Tapachula, México).
·      Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes (San Cristóbal de las Casas, México).

Otras Organizaciones

·      Asociación de Estudiantes Universitarios “Oliverio Castañeda de León” -AEU-.
·      Centro de Investigación para la prevención  de la Violencia en Centroamérica –CIPREVICA-
·      Servicios Jurídicos y Sociales, Sociedad Civil –SERJUS-


·      Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala -RPDG-

·      Historical Memory Project del John Jay College of Criminal Justice, New York /Proyecto de Memoria Histórica del John Jay College para Justicia Criminal de Nueva York (EE.UU.)
·      School of the Americas Watch/Observatorio de las Escuelas de las Américas (EE.UU.)
·      Unitarian Universalist Service Committee -UUSC- (EE.UU.)

·      Movimiento Migrante Mesoamericáno (México)


·      Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador -GMIES-


·      Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas (SOAW Chile)
·      Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales (Chile)


Versión inglés
WE DEMAND INTERNATIONAL PROTECTION FOR MIGRANT CHILDREN

Despite the fact that on June 20, President Donald Trump of the United States was forced to issue an order that supposedly reversed the policy of separating migrant children from their families, the undersigned organizations from Guatemala and throughout the continent issued the following condemnation:

President Trump’s new executive order was presented to the public as a solution to family separation, but in reality, the order fails to abandon the policy of “Zero Tolerance” that is responsible for the majority of the family separations, while falsely asserting that legal protections for children, like the Flores settlement, are to blame for the family separation policy. Until the administration abandons the “Zero Tolerance” policy and the detention of children and families, its actions will continue to be in violation of international and U.S. laws that protect human rights.

It is likewise worthy of note that other initiatives of the Trump administration also separate families, such as the elimination of DACA, the termination of the TPS program for Salvadorans, Hondurans, and Nicaraguans, and others.

Once again, this is an effort to deter irregular migration through violence and the use of cruel and inhumane treatment, instead of addressing the root causes that lead people to cross borders.

As a result of the application of this policy, it is estimated that more than 2,000 Central American children have been captured by the U.S. Border Patrol and separated from their families, generating a new humanitarian crisis. The majority of these migrant children are Guatemalans, chiefly indigenous Mayans.

The authorities in charge of implementing this policy, particularly the U.S. Border Patrol, have carried out these orders with arrogance and even violence toward migrants. There have been many complaints of the violence employed, including sexual abuse of adults and children.

It was also agents of the U.S. Border Patrol who, on May 23, assassinated the young Maya Mam woman, Claudia Patricia Gómez González, in Laredo, Texas.

The separation of migrant children from their families is a violation of the human rights of children and of international and U.S. law. In practice, it constitutes a form of torture, as well as of cruel, inhuman and degrading treatment.

We are concerned about the statements and actions on the subject of migrant children that have been made by Jefferson Sessions, Attorney General, and Kirstjen Nielsen, Secretary of Homeland Security, which are divorced from universally recognized and accepted human rights standards, as well as those of Nikki Haley, U.S. Ambassador to the United Nations, who has tried to defend the indefensible.

Coupled with this very serious situation, we note with grave concern the decision of the United States government to leave the Human Rights Council of the United Nations, in flagrant violation of its international obligations and commitments with regard to human rights.

The government of Guatemala has once more demonstrated its ineptitude, irresponsibility, and lack of effectiveness, despite the fact that its obligation is to protect the rights and defend the interests of its nationals wherever they are found. At first, the government adopted a stance that was complicit with the U.S. administration’s criminalization of migrants, including children. It has only been the pressure of countless organizations and individuals that has forced them to change this complacent position.

The organizations joining this statement reiterate that there is a right to migrate and not to migrate, and that people deserve respect for their rights regardless of the condition in which they find themselves.

Due to the above, we demand the following:

TO THE GOVERNMENT OF GUATEMALA

1. Firm and effective consular action in defense of the rights of Guatemalan migrants, wherever they may be, and, in this case, an effective defense of the family unit at the border of the United States and the immediate provision of special protection to migrant children, enforcing the universal principle of the best interests of the child.

2. That the government pursue the case of the assassination of Claudia Patricia Gómez González and demand justice from the government of the United States.

3. The immediate dismissal of Sandra Jovel as Minister of Foreign Affairs
 for her incompetence and failure to defend Guatemalan migrants, which is her obligation in the position she occupies. In addition, the continued investigation of her alleged involvement in the irregular adoption of children and, if this is true, proceeding with her prosecution.

TO THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES

4. To ensure that the presidential order is revised and expanded in order to genuinely abandon the “Zero Tolerance” policy, end the detention of children and families, and guarantee the reunification of children and parents who have already been separated;

5. That any immigration policy the government implements guarantee respect for human rights and the universal principle of the best interests of the child;

6. That the government provide effective support to countries in the region, in order to overcome the underlying forces that are driving migration, rather than criminalizing and persecuting people who are forced to migrate;

7. That the government fully investigate the murder of Claudia Patricia Gómez González, and ensure that those responsible for this heinous crime are brought to justice.


June 20, 2018
International Refugee Day