14 de enero de 2016

Organizaciones internacionales respaldan labor del Ministerio Público de Guatemala en casos de justicia transicional



Washington D.C. y Ciudad de Guatemala, 12 de enero de 2016.- Las organizaciones firmantes expresamos nuestro apoyo a los recientes esfuerzos en Guatemala, encabezados por el Ministerio Público (MP), de llevar ante los tribunales de justicia a altos mandos militares sindicados como responsables de desapariciones forzadas y delitos contra la humanidad cometidos durante el conflicto armado interno. Estos esfuerzos son un ejemplo para los sistemas nacionales de justicia de todos aquellos países del continente y del resto del mundo, que se enfrentan el desafío común de obtener justicia por los crímenes atroces cometidos en el contexto de un conflicto armado interno.

La semana pasada 18 militares retirados de alto rango fueron detenidos, cuatro de ellos vinculados a la desaparición del niño Marco Antonio Molina Theissen en 1981; y los otros catorce oficiales acusados por su responsabilidad en diversas masacres y desapariciones forzadasocurridas entre 1981 y 1988 relacionadas con el caso Creompaz, que hace referencia a la Zona Militar No. 21 en Cobán, Alta Verapaz, donde en los últimos cuatro años se han exhumado 503 osamentas y 55 partes óseas, correspondientes a 558 personas, muchas de las cuales presentan disparos de arma de fuego y  señales de tortura.

Estas capturas son el resultado de una labor profesional, independiente e imparcial por parte del Ministerio Público (MP) y representan un avance significativo para saldar la deuda histórica que el país tiene en materia de justicia. No obstante, resta que los tribunales competentes cumplan con su rol de garantizar la justicia sin injerencias indebidas por parte de grupos de poder.

Adicionalmente, este lunes se suspendió el reinicio del juicio por genocidio en Guatemala contra el exdictador Efraín Ríos Montt y el exgeneral José Mauricio Rodríguez Sánchez, pero sí se llevó a cabo una audiencia vinculada con la ejecución del policía José Miguel Mérida Escobar, quien hizo la investigación sobre el asesinato de la antropóloga Myrna Mack. 

Por otra parte, está programado para el primero de febrero el inicio de la fase oral del juicio por la esclavitud sexual y violencia sexual a la que fueron sometidas varias mujeres en el destacamento militar de Sepur Zarco, ubicado entre Alta Verapaz e Izabal.

Considerando las diligencias que se están avanzando en los casos citados, todos vinculados con hechos ocurridos durante el conflicto armado, las organizaciones internacionales firmantesexpresamos nuestro respaldo al trabajo realizado por el MP y les instamos a continuar construyendo un sistema judicial que aplique por igual a todos y todas.

Instamos además a las autoridades competentes a proteger a los operadores de justicia y a las víctimas y familiares, así como a respetar las garantías del debido proceso, sin que esto signifique tolerar prácticas dilatorias de los imputados.

Particularmente, en relación con el juicio por el caso de genocidio, preocupa el hecho de que, a dos años y medio de la emisión de la sentencia condenatoria contra José Efraín Ríos Montt, por los delitos de genocidio y crímenes contra los deberes de la humanidad, se le haya negado el acceso a la justicia a los familiares y que los tribunales estén tomando decisiones irregulares que podrían generar una revictimización para las personas afectadas, por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad está avalando realizar un juicio único para los dos imputados (Ríos Montt y Rodríguez Sánchez) aunque la naturaleza de ambos procesos es distinta según lo había fijado el Tribunal de Alto Riesgo B.

El próximo 14 de enero tomará posesión de su cargo el presidente electo Jimmy Morales y su nuevo gobierno. Las organizaciones internacionales les exhortamos a que apoyen decididamente la labor del MP y respeten la independencia de poderes. Asimismo, les recordamos que según lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos es obligación del Estado remover todos los obstáculos de hecho y de derecho que impiden que este tipo de casos avancen.

Nos sumamos a las voces que exigen justicia por todas las graves violaciones de derechos humanos aún impunes hasta la fecha. Confiamos que Guatemala sabrá avanzar hacia la reconciliación y la paz, sin dejar por ello de cumplir con sus obligaciones para con las víctimas. 

Las abajo firmantes somos organizaciones comprometidas con la justicia y la protección de los derechos humanos:


Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Estados Unidos (GHRC/USA)
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Impunity Watch (IW)
Oficina en Washington Sobre Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Plataforma Internacional contra la Impunidad (PI)


CONTACTOS:

CEJIL: Antonio Jaen, Director de Comunicación, + 506 7011 2118,

DPLF: Leonor Arteaga, Oficial de Programa Senior, teléfono +703 598 7085,

GHRC: Kelsey Alford-Jones, Directora,

IW: Mónica Mazariegos, Coordinadora Nacional, teléfono + 502 2363 0612monicamazariegos@impunitywatch.org

PLATAFORMA: Anabella Sibrián,

WOLA: Jo-Marie Burt, Senior Fellow, teléfono + 703 946 9714, 

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