La violencia también alcanza a quienes defienden los derechos de las comunidades más vulnerables
La región centroamericana es una zona con altos niveles de conflictividad, la violencia, la inseguridad y el crimen organizado son problemáticas con las que a diario se enfrentan sus habitantes; reflejo de ello el Índice de Paz Global identifica a Centroamérica como una zona con altos niveles de conflictividad.
Este documento analiza a 162 países a nivel mundial y de acuerdo a su tabla de medición el 1 es el país con mejor calificación y el 162, con la peor, El Salvador ocupa la 123, Guatemala la 118, Honduras la 116, y Nicaragua el 75.
La violencia no solo es un fenómeno que daña a quienes se ven implicados en actos delincuenciales, sino también, alcanza a quienes defienden los derechos de las comunidades más vulnerables, sobre todo, en Honduras y Guatemala; por lo que, la criminalización para las defensoras y defensores de derechos humanos es una amenaza en la región.
Manifestarse es un derecho reconocido por las Constituciones de los países de la región y por los tratados internacionales universales y regionales de Derechos Humanos, el mismo se encuentra implícito en la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (art. 18,), en la libertad de opinión y de expresión (art. 19) y en la libertad de reunión y de asociación pacífica (art. 20), todos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, según lo revela el último informe sobre Derechos Humanos y Conflictividad en Centroamérica. Por lo tanto estas disposiciones imponen a todos los Estados el deber de respetar el derecho a disentir y a reclamar públicamente por sus derechos. Nadie puede sostener juiciosamente que la libertad de reunión sólo se reconoce para manifestar complacencia. Sin embargo, la criminalización a defensores de derechos humanos es una realidad en nuestros países.
En Honduras, el asesinato de Berta Cáceres, lideresa indígena y defensora de los recursos de las comunidades indígenas de su país ante las trasnacionales, dejó al descubierto el irrespeto a los derechos, con el que se enfrentan las y los defensores. Llama la atención que era beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De acuerdo a la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACIP), en Honduras, la mayoría de estas violaciones se encuentran en la impunidad, y 27 personas defensoras de los derechos humanos y de la tierra fueron asesinadas entre noviembre de 2015 y octubre de 2016.
En el caso de Guatemala, en 2015, hubo 493 agresiones contra defensoras y defensores y 223 para el año 2016, según la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA), aunque hubo una disminución respecto al año anterior, aún sigue siendo grave contar con una media de 20 agresiones por mes. Incluso a inicios del 2017 la población se vio sacudida por el asesinato de Sebastián Alonzo Juan, de 72 años. El hecho ocurrió 17 de enero durante una manifestación pacífica en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, en la que la población expresaba su descontento a los proyectos hidroeléctricos Pojom I y II, San Andrés, que lidera la Generadora del Rio S.A, la Generadora San Mateo S.A., Generadora San Andrés, de la empresa Promoción y Desarrollo Hídrico S.A (PDHSA).
Tras este el asesinato, la Federación Luterana Mundial/Servicio Mundial/Programa Centroamérica (FLM/SM-CA), se pronunció para condenar el hecho, pedir justicia y respeto a la libertad de las comunidades a manifestarse pacíficamente y a decidir sobre sus territorios y medios de vida. Este pronunciamiento fue difundido a través de la FLM en Ginebra, con lo que nuestro Secretario General, Martín Junge, expresó su respaldo y apoyo a las comunidades guatemaltecas y a la región.
De igual manera, pastoras y pastores de la FLM, incluida la iglesia Luterana de Guatemala, manifestaron su apoyo y pidieron justicia en este y todos los casos en los que son criminalizados los defensores de derechos humanos. En este mismo espíritu y posterior a este pronunciamiento, el Foro ACT-Guatemala, del que la FLM es parte, se pronunció mediante un comunicado que fue replicado por ACT-UE, este nivel de incidencia iniciado por la FLM/SM-CA y continuado por ACT-Alianza caló en el Parlamento Europeo, lo que dio como resultado un pronunciamiento de los diputados, observando estos hechos en dicho país.
En febrero, nuevamente se manifiesta otra tensión social y agresión contra defensoras y defensores de Derechos Humanos. En la comunidad Nueva Libertad en el municipio de Cobán, Alta Verapaz, sin previo aviso la policía, se da un cuarto intento de desalojo a 30 familias, entre ellas, más de 80 niñas y niños. En el percance, los cultivos y casas fueron destruidos. El desalojo logró detenerse por la ayuda de personas de una comunidad vecina. A pesar de las negociaciones con autoridades competentes que desde hace meses ha tenido la comunidad para resolver la disputa por las tierras; el problema continua sin solución.
Entre 20 al 24 de febrero del presente año, en misión de alto nivel de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), en Guatemala, se analizó la situación que atraviesan las y los abogados que actúan como defensores de derechos humanos; en el marco de acciones que están llevando a cabo en distintos países para acompañar procesos de fortalecimiento del Estado de Derecho y Respeto de los Derechos Humanos.
Tras el análisis, se hizo un pronunciamiento de la CIJ presentan algunas conclusiones y recomendaciones; entre ellas destaca el difícil y complejo contexto de “post guerra”, que, pese a que se han venido haciendo esfuerzos para construir un Estado de Derecho que tenga como fin último el bien común y el interés social, esto ha contrastado con la implementación de políticas públicas neoliberales. Así mismo, externaron su preocupación por las y los abogados que cumplen su función social en un contexto difícil y complejo, de grave impunidad, nuevos fenómenos de persecución como la llamada “criminalización” y ataques contra su función y que ésta se extiende a dirigentes comunitarios, mujeres, y defensores de derechos humanos, funcionarias públicas y otras personas que defienden derechos y contribuyen al fortalecimiento del Estado de Derecho.
Es en este escenario que las y los defensores de la región centroamericana, en especial los de Honduras y Guatemala, desarrollan su labor, exponiendo la vida, una razón que nos compromete como FLM/SM-CA desde el área de incidencia a continuar el trabajo de acompañar y visibilizar la problemática con el fin de lograr que los gobiernos actúen con una verdadera justicia.
