Versión
Español
A
pesar de que el 20 de junio, el presidente Donald Trump de los Estados Unidos
se vio obligado a emitir una órden que supuestamente revertiría la política de
separar a los niños migrantes de sus familias, las organizaciones de
Guatemala y el Continente abajo firmantes denunciamos que:
La
nueva órden ejecutiva del presidente Trump se presentó al público como una
solución para la separación familiar, pero en realidad, la órden no abandona la
política de "Cero Tolerancia" que es responsable de la mayoría de las
separaciones familiares, mientras que afirma falsamente que las protecciones
legales para niños, como la Declaración Flores sobre Migración, son las
culpables de la política de separación familiar. Hasta que la administración
abandone la política de "Cero Tolerancia" y la detención de hijos, hijas
y sus familias, y reúna a las familias que ya han sido separadas por esta
política, sus acciones continuarán violando las leyes internacionales y de
los EE. UU. que protegen los derechos humanos.
Asímismo
es de destacar que otras iniciativas de las administración Trump también
separan a las familias, como la eliminación de DACA, la finalización de TPS
para salvadoreños, hondureños y nicaragüenses, y otras.
Una
vez más, se sigue intentando disuadir la migración irregular a través de la
violencia, el uso de tratos crueles e inhumanos, en vez de abordar las causas
de raíz que la provocan.
Como
consecuencia de la aplicación de esta política, se estima que hay más de 2,000
niños y niñas centroamericanos capturados por la Patrulla Fronteriza y separados
de sus familiares, provocando una nueva
crisis humanitaria. La mayoría de estos
niños y niñas migrantes son guatemaltecos, principalmente indígenas Mayas.
Las
autoridades encargadas de aplicar esta política, particularmente los agentes de
la Patrulla Fronteriza, han cumplido estas disposiciones con prepotencia e
inclusive violencia hacia las personas migrantes. Son múltiples las denuncias de la violencia
empleada, inclusive de abusos sexuales contra adultos, niños y niñas.
Fueron
también agentes de la Patrulla Fronteriza los que el 23 de mayo pasado
asesinaron a la joven Maya Mam, Claudia Patricia Gómez González, en Laredo,
Texas.
La
separación de niños y niñas migrantes de sus familiares es violatoria de los
derechos humanos de las niñas y los niños y de las leyes internacionales y
estadounidenses. En la práctica, se constituye en tortura, trato cruel,
inhumano y degradante.
Nos preocupan las
declaraciones y actuaciones en el tema de la niñez migrante de Jefferson
Sessions, fiscal general, y Kirstjen Nielsen, Secretaria de Homeland
Security, por su divorcio de las normas de derechos humanos universalmente
reconocidas y aceptadas, y de Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante la
ONU, tratando de defender lo indefendible.
Aunado
a esta gravísima situación, vemos con
suma preocupación la decisión del gobierno de los Estados Unidos de abandonar el Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en una flagrante violación a sus
obligaciones y compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
El
gobierno de Guatemala, una vez más ha demostrado su ineptitud,
irresponsabilidad y falta de acciones efectivas, pese a que su obligación es proteger los derechos y
defender los intereses de sus connacionales donde se encuentren. En un primer momento tuvo una postura cómplice con
esta política criminalizadora de las y los migrantes, incluyendo a los
niños y niñas. Ha sido la presión de muchos y muchas lo que les ha obligado a
retractarse de esta posición complaciente.
Las
organizaciones que suscribimos este pronunciamiento reiteramos que existe el
derecho a migrar y el derecho a no migrar, y que las personas merecen el
respeto a sus derechos independientemente de la condición en que se encuentren.
Por
lo anterior demandamos:
AL
GOBIERNO DE GUATEMALA
1.
Una
acción consular firme en defensa
efectiva de los derechos de las y los guatemaltecos migrantes, se encuentren
donde se encuentren, y en este caso, una defensa efectiva de la unidad familiar
en la frontera de los Estados Unidos y la inmediata protección especial para
las y los niños migrantes, haciendo valer el principio universal del Interés
Superior del Niño y la Niña.
2.
Que
dé seguimiento al caso del asesinato de Claudia Patricia Gómez González y
demande justicia al Gobierno de Estados Unidos de América.
3.
La
destitución inmediata de la Canciller Sandra Jovel por su ineptitud y falta de
defensa de las y los guatemaltecos migrantes, lo cual es su obligación desde el
cargo que ostenta.
Además que se siga
investigando su involucramiento en la adopción irregular de niños y niñas y si
fuera el caso, proceder a su enjuiciamiento.
AL
GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS
4.
Asegurar
que la orden presidencial se revise y se amplíe para abandonar realmente la
política de "Cero Tolerancia", la detención de niños y niñas y familias,
y para garantizar la reunificación de los niños y niñas y los padres y madres
que ya han sido separados.
5.
Que
cualquier política migratoria que implemente,
garantice el respeto de los derechos humanos y el principio universal
del interés superior del niño y la niña.
6.
Que
apoye de manera efectiva para que en los países de la Región se superen las
causas que están provocando la migración, en vez de criminalizar y perseguir a
las personas que se ven obligadas a migrar.
7.
Que
se investigue y se haga justicia en el caso del asesinato de Claudia Patricia Gómez
González y se castigue a quienes corresponda por este flagrante crimen.
20 de junio, 2018
Día Internacional del Refugiado y la Refugiada
Grupo Articulador de Sociedad Civil en Materia Migratoria
· American
Friends Service Committee, Oficina Regional para America Latina y El Caribe
· Asociación
La Alianza
· Asociación
Lambda
· Asociación
Pop No’j
· Consejeria CAMEX
Oxlajuj Ix
· Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial
–ECAP-
· Fundación Para la
Justicia y el Estado Democrático de Derecho
· Instituto de
Estudios Sociales y Desarrollo -INCEDES-
· Instituto de
Investigaciones Históricas, Antrpológicas y Arqueológicas de la Escuela de
Historia de la USAC -IIHAA-
· Instituto de
Investigación y Proyección Sobre Dinámicas Globales y Territoriales,
Universidad Rafael Lándivar
· Instituto de
Protección Social -IPS-
· Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala -MENAMIG-
· Misioneros
Scalabrinianos
Mesa Transfronteriza de Migración y Género
· Asociación Coordinadora
Comunitaria de Servicios para la Salud -ACCSS-
· Centro de Derechos
Humanos Fray Matías de Córdova (Tapachula, México).
· Voces Mesoamericanas
Acción con Pueblos Migrantes (San Cristóbal de las Casas, México).
Otras Organizaciones
· Asociación de Estudiantes Universitarios “Oliverio Castañeda
de León” -AEU-.
· Centro de Investigación para la prevención de la Violencia en Centroamérica –CIPREVICA-
· Servicios Jurídicos y
Sociales, Sociedad Civil –SERJUS-
· Red por la Paz y el Desarrollo de
Guatemala -RPDG-
· Historical Memory Project del
John Jay College of Criminal Justice, New York /Proyecto de Memoria Histórica
del John Jay College para Justicia Criminal de Nueva York (EE.UU.)
· School of the Americas
Watch/Observatorio de las Escuelas de las Américas (EE.UU.)
· Unitarian Universalist Service
Committee -UUSC- (EE.UU.)
· Movimiento Migrante Mesoamericáno
(México)
· Grupo de Monitoreo
Independiente de El Salvador -GMIES-
· Observatorio por el
Cierre de la Escuela de las Américas (SOAW Chile)
· Coordinadora
Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales (Chile)
Versión
inglés
WE DEMAND INTERNATIONAL
PROTECTION FOR MIGRANT CHILDREN
Despite
the fact that on June 20, President Donald Trump of the United States was
forced to issue an order that supposedly reversed the policy of separating
migrant children from their families, the undersigned organizations from
Guatemala and throughout the continent issued the following condemnation:
President
Trump’s new executive order was presented to the public as a solution to family
separation, but in reality, the order fails to abandon the policy of “Zero
Tolerance” that is responsible for the majority of the family separations,
while falsely asserting that legal protections for children, like the Flores
settlement, are to blame for the family separation policy. Until the
administration abandons the “Zero Tolerance” policy and the detention of
children and families, its actions will continue to be in violation of
international and U.S. laws that protect human rights.
It
is likewise worthy of note that other initiatives of the Trump administration
also separate families, such as the elimination of DACA, the termination of the
TPS program for Salvadorans, Hondurans, and Nicaraguans, and others.
Once
again, this is an effort to deter irregular migration through violence and the
use of cruel and inhumane treatment, instead of addressing the root causes that
lead people to cross borders.
As
a result of the application of this policy, it is estimated that more than 2,000
Central American children have been captured by the U.S. Border Patrol and
separated from their families, generating a new humanitarian crisis. The
majority of these migrant children are Guatemalans, chiefly indigenous Mayans.
The
authorities in charge of implementing this policy, particularly the U.S. Border
Patrol, have carried out these orders with arrogance and even violence toward
migrants. There have been many complaints of the violence employed, including
sexual abuse of adults and children.
It
was also agents of the U.S. Border Patrol who, on May 23, assassinated the
young Maya Mam woman, Claudia Patricia Gómez González, in Laredo, Texas.
The
separation of migrant children from their families is a violation of the human
rights of children and of international and U.S. law. In practice, it
constitutes a form of torture, as well as of cruel, inhuman and degrading
treatment.
We
are concerned about the statements and actions on the subject of migrant
children that have been made by Jefferson Sessions, Attorney General, and
Kirstjen Nielsen, Secretary of Homeland Security, which are divorced from
universally recognized and accepted human rights standards, as well as those of
Nikki Haley, U.S. Ambassador to the United Nations, who has tried to defend the
indefensible.
Coupled
with this very serious situation, we note with grave concern the decision of
the United States government to leave the Human Rights Council of the United
Nations, in flagrant violation of its international obligations and commitments
with regard to human rights.
The
government of Guatemala has once more demonstrated its ineptitude, irresponsibility,
and lack of effectiveness, despite the fact that its obligation is to protect
the rights and defend the interests of its nationals wherever they are found.
At first, the government adopted a stance that was complicit with the U.S.
administration’s criminalization of migrants, including children. It has only
been the pressure of countless organizations and individuals that has forced
them to change this complacent position.
The
organizations joining this statement reiterate that there is a right to migrate
and not to migrate, and that people deserve respect for their rights regardless
of the condition in which they find themselves.
Due
to the above, we demand the following:
TO
THE GOVERNMENT OF GUATEMALA
1.
Firm and effective consular action in defense of the rights of Guatemalan
migrants, wherever they may be, and, in this case, an effective defense of the
family unit at the border of the United States and the immediate provision of special
protection to migrant children, enforcing the universal principle of the best
interests of the child.
2.
That the government pursue the case of the assassination of Claudia Patricia
Gómez González and demand justice from the government of the United States.
3. The immediate dismissal of Sandra Jovel as Minister of Foreign Affairs
for her incompetence and failure to defend Guatemalan
migrants, which is her obligation in the position she occupies. In addition,
the continued investigation of her alleged involvement in the irregular
adoption of children and, if this is true, proceeding with her prosecution.
TO
THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES
4.
To ensure that the presidential order is revised and expanded in order to
genuinely abandon the “Zero Tolerance” policy, end the detention of children
and families, and guarantee the reunification of children and parents who have
already been separated;
5.
That any immigration policy the government implements guarantee respect for
human rights and the universal principle of the best interests of the child;
6.
That the government provide effective support to countries in the region, in
order to overcome the underlying forces that are driving migration, rather than
criminalizing and persecuting people who are forced to migrate;
7.
That the government fully investigate the murder of Claudia Patricia Gómez
González, and ensure that those responsible for this heinous crime are brought
to justice.
June 20, 2018
International
Refugee Day
No hay comentarios:
Publicar un comentario